Reforma legal transforma la CURP
La CURP con datos biométricos fue aprobada por la Cámara de Diputados como parte de una reforma que modifica profundamente los sistemas de identificación en México. El dictamen, que también contempla la creación de una Plataforma Única de Identidad, ya fue turnado al Ejecutivo para su promulgación.
Se aprueba nueva CURP biométrica
La minuta fue respaldada por mayoría calificada y modifica tanto la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas como la Ley General de Población. La CURP, ahora en formato físico y digital, incluirá fotografía, huellas dactilares, nombre completo, género, nacionalidad y fecha de nacimiento, convirtiéndose en el documento oficial de identidad para todas las personas mexicanas y extranjeras con residencia regular.
¿Qué es la Plataforma Única de Identidad?
La reforma establece la creación de una Plataforma Única de Identidad, cuya función será consultar, validar y gestionar la CURP biométrica. Esta plataforma permitirá realizar búsquedas automatizadas, lanzar alertas en tiempo real y conectar con bases de datos forenses, registros administrativos y sistemas privados como salud o telecomunicaciones.
El acceso a esta plataforma estará limitado a autoridades competentes, bajo vigilancia del Ministerio Público. Para garantizar su uso exclusivo en la búsqueda de personas desaparecidas.
Riesgos señalados por la sociedad civil
A pesar de su aprobación, organizaciones civiles y especialistas han advertido riesgos significativos. Agrupaciones como R3D: Red en Defensa de los Derechos Digitales han expresado preocupación por la creación de una base de datos biométrica masiva y centralizada, gestionada por la Secretaría de Gobernación.
Se teme que este sistema sea utilizado para prácticas de vigilancia, sin el debido consentimiento de la población. Además, se cuestiona que el uso obligatorio de la CURP biométrica pueda derivar en discriminación o exclusión en servicios públicos y privados si no se cuenta con ella.
Aplicación de sanciones y adecuaciones legales
Las reformas también contemplan sanciones administrativas de hasta 20,000 veces el valor de la UMA para quienes usen indebidamente la plataforma. Además, fiscalías estatales deberán emitir informes mensuales sobre personas desaparecidas, mientras que los municipios tienen 180 días para actualizar su normativa sobre panteones y crematorios.
Aunque la medida se presenta como un avance en materia de identidad y búsqueda de desaparecidos. Familiares de víctimas cuestionan su eficacia en casos de larga data y exigen mecanismos más inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.
