La Suprema Corte de Justicia del Estado (SCJN) aprobó la Ley de Registro Nacional de Detenciones (LNRD), la cual ha sido impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Luis Raúl González Pérez, quien presidió la comisión, impugnó el artículo 5 de la ley, argumentando que no obliga a los militares a denunciar la detención de un presunto delincuente, pues ese deber le corresponde a la policía.
Sin embargo, el ministro Javier Lenez explicó que la ley no debe leerse de esa manera, sino que debe entenderse que las fuerzas armadas están obligadas a registrar todas las detenciones cuando realizan misiones de seguridad pública.
“Una interpretación correcta de la quinta disposición provisional significa que las fuerzas armadas permanentes en misiones de seguridad pública están obligadas por ley a no emitir avisos bajo (la Sección 19) sino a realizar registros inmediatos directamente”, dijo Laynez.
Por otro lado, la organización México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) lamenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aún no haya publicado el proyecto de Ley del Registro Nacional de Detenciones.
A través de un comunicado, la entidad sostuvo que la omisión era preocupante porque consideraba que se trataba de un tema de gran relevancia en lo que se refiere a los derechos humanos de los mexicanos.
Human Rights Watch culpa a la militarización de más violencia
Human Rights Watch (HRW), una organización internacional, señaló que el uso continuado de las fuerzas armadas ha provocado una mayor violencia en México.
Argumentó que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador la violencia había batido nuevos récords.
En su informe mundial de 2023, el grupo señaló que “los delitos violentos en México han aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra contra el crimen organizado en 2006 y alcanzaron un máximo histórico bajo el actual presidente”.
El grupo subrayó que “los esfuerzos para reformar la policía y los fiscales no han sido efectivos. El Congreso, controlado por el partido de López Obrador, disolvió la policía federal en 2019. Transfirió formalmente las funciones policiales a la Secretaría de Defensa en 2022. .
Además, el presidente López Obrador ha ampliado el trabajo de los militares y aumentado significativamente el presupuesto, dijo la entidad.