Un fallo que protege la seguridad pública, la SCJN invalida la adscripción de la GN a la SEDENA
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalida y declara inconstitucional que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) tome el control de la Guardia Nacional.
Cuerpo de seguridad creado por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
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¿Qué implica esta decisión?
La SCJN invalida un paquete de artículos de la Ley de la Guardia Nacional.
Estos establecían que este organismo estaría adscrito a la Sedena y que sus integrantes serían considerados personal militar en activo.
Tanto la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como diversos partidos políticos objetaron estos artículos.
Argumentaron que violaban el principio de separación entre las funciones de seguridad pública y defensa nacional.
La SCJN ha coincidido con estos argumentos y ha señalado que la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena implica una militarización de la seguridad pública.
Esto contraria al artículo 21 constitucional, que establece que esta función debe estar a cargo de instituciones civiles.
Además, ha indicado que los integrantes de la Guardia Nacional deben tener un régimen jurídico propio y separado del personal militar.
Esta decisión es para garantizar su formación, capacitación y respeto a los derechos humanos.
¿Qué consecuencias tiene este fallo?
Como consecuencia de la decisión de la SCJN, la Guardia Nacional debe ser una institución civil que dependa del Poder Ejecutivo Federal, pero que no esté subordinada ni a la Sedena ni al Ejército.
Esto significa que debe tener un mando civil, una estructura orgánica propia y un presupuesto libre.
Asimismo, implica que sus integrantes deben tener una formación específica en materia de seguridad pública y derechos humanos, y estar sujetos a un control civil y judicial.
Que la SCJN invalide esta adscripción, representa un avance para el fortalecimiento del Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en México
Limita el uso ilícito de las fuerzas armadas en tareas que no les tocan y que pueden generar abusos y atropellos.
Asimismo, este fallo valora la seguridad pública como una función esencial del Estado, que debe ser ejercida por instituciones profesionales, eficaces y respetuosas con la ciudadanía.