El NAIM fue un proyecto propuesto por el gobierno mexicano en 2014 para construir un aeropuerto internacional de gran escala en México.
El objetivo principal del proyecto era modernizar y mejorar la infraestructura aeroportuaria de la Ciudad de México para satisfacer la creciente demanda de viajes aéreos.
El proyecto se llevó a cabo en varias fases de construcción y se esperaba que el NAIM tuviera una capacidad de 125 millones de pasajeros por año
Lo que lo habría convertido en uno de los aeropuertos más grandes del mundo.
Sin embargo, el proyecto fue objeto de controversias y críticas debido a sus implicaciones económicas, ambientales y sociales.
Uno de los mayores puntos de controversia del proyecto fue su ubicación en el Lago de Texcoco, un área de gran importancia ecológica y cultural en la región.
La construcción del aeropuerto requería la reubicación de comunidades enteras que vivían en las zonas cercanas al sitio de construcción.
El proyecto también fue criticado por su alto costo, que se estimaba en más de 13 mil millones de dólares.
Muchos argumentaron que el dinero podría haberse utilizado para financiar otros proyectos más necesarios y beneficiosos para el país.
En octubre de 2018, el gobierno entrante del presidente López Obrador anunció la cancelación del proyecto debido a los altos costos y preocupaciones ambientales.
Esta decisión fue objeto de controversias y críticas, ya que algunos argumentaron que el NAIM era un proyecto necesario para el desarrollo económico del país y para satisfacer las necesidades de la creciente industria turística.
A pesar de la cancelación del proyecto, se está construyendo una nueva terminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México con el objetivo de mejorar la capacidad de la infraestructura aeroportuaria de la ciudad.
En resumen, el NAIM fue un proyecto propuesto por el gobierno mexicano para construir un aeropuerto internacional de gran escala en México que fue objeto de controversias y finalmente cancelado debido a sus altos costos y preocupaciones ambientales.
El gobierno de Enrique Peña Nieto
El gobierno de Enrique Peña Nieto pagó millones de dólares a empresas internacionales adjudicatarias de contratos para construir el NAIM en Texcoco.
La ASF ha constatado que muchas de estas empresas están haciendo «la mitad» de su trabajo, con retrasos y mal funcionamiento, no existen denuncias.
Además, el GACM provocó el mal uso de los recursos al juzgar mal los materiales y servicios relacionados con compras no autorizadas.
Te puede interesar: Documento de Sedena confirma pago a empresa vendedora de spyware Pegasus en gobierno de AMLO
Ya cinco años pasaron
Aunque han pasado más de cinco años desde algunos de los pagos indebidos en el programa NAIM, la ASF ha retenido 17 expedientes «congelados».
A la fecha, la ASF no ha actuado sobre los 17 expedientes para imponer sanciones penales o administrativas a quienes hagan mal uso.
Estos más de 1900 millones de pesos forman parte de 710 documentos irregulares en 45 territorios
suman más de 30 MIL MILLONES DE PESOS durante el sexenio de Peña Nieto.
Te puede interesar: Los fundadores de Google regresan para competir con ChatGPT
Trabaja la mitad, recibe el pago completo
El 1 de diciembre de 2014, dos años después de asumir el cargo, el presidente Enrique Peña Nieto firmó uno de los primeros contratos plurianuales para poner en marcha el NAIM, que será el sello distintivo de este sexenio de Obra.
La mayor cantidad sobre la que la ASF está realizando actualmente una investigación de «seguimiento» proviene de ese contrato.
El GACM
Organismo encargado de poner en marcha el proyecto del nuevo aeropuerto, ha contratado a FP-FREE, S. de RL de CV, en representación del consorcio Partnership Limited integrado por Servicios Smart FREE a tu Nivel, SA de CV y Foster+.
El consorcio se contrató para el proyecto de ejecución de la terminal de pasajeros, vías de acceso y aparcamientos, así como de la torre de control y centro de control de operaciones del NAIM y las obras de vigilancia, que incluyen el diseño arquitectónico e ingeniería de detalle.
Entre 2016 y 2017, FP-FREE debería haber entregado la documentación de diseño de al menos 11 áreas de la terminal, pero no lo hizo.
El consorcio presentó solo informes de progreso parciales, en incumplimiento de los términos del contrato multimillonario.
Mas violaciones
Las violaciones a las que ocurrieron bajo contrato con Parsons International
que fue contratada en octubre del 14, en el que se pagó 9 mil millones pesos.
Al igual que FP-FREE, Parsons tampoco entregó su trabajo en el plazo acordado, pero el expediente también quedó «congelado».
Las tareas principales de Parsons deben ser asesorar y apoyar el desarrollo del trabajo, monitorear y dar seguimiento a las actividades relacionadas e identificar riesgos o retrasos que puedan afectar o afectar negativamente el desarrollo del proyecto.
A la fecha de auditoría del 31 de agosto de 2018, la empresa debería haber elaborado una serie de planes de gestión, dictámenes, informes y opiniones técnicas, etc., pero se encuentran incompletos.
ASF encontró que el trabajo no se llevó a cabo de acuerdo al plan de trabajo y no pudo verificar la participación.
Por otro lado, empresas como
- Operadora Cicsa, Constructora
- Edificadora GIA+A, Promotora
- Desarrolladora Mexicana
- La Peninsular Compañía Constructora
- Operadora y Administración Técnica
- Acciona Infraestructura México
- ICA Constructora de Infraestructura
también deben pagar obras inconclusas.
La ASF determinó que los pagos al grupo de empresas podrían haber resultado en daños a la propiedad por más de P82 millones debido a
“menos trabajo realizado a fines de 2018 que los anticipos otorgados”.
Otras infracciones que resultaron en el posible desfalco de más de 1,900 millones de pesos incluyeron el pago de salarios superiores a los autorizados
Cargos extras no autorizados sobre los precios unitarios, el pago de trabajos de supervisión que no requirieron corrección de errores
La duplicación de servicios, la falta de informes de los servicios de supervisión, omisión de considerar o Requerir la compra de acero
La contratación de mano de obra especializada y hardware y software que no se ejecuta en tiempo y forma, etc.