En Jalisco existen más de 69 mil tiendas de abarrotes y autoservicio, además de 26 mil restaurantes que serán gravemente afectados por la reforma a la Ley General de Control de Tabaco que entró en vigor recientemente, afirmó el presidente de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Guadalajara, Raúl Uranga Lamadrid.
Solicitó una reapertura del diálogo con el gobierno federal sobre este tema. Sobre el impacto económico de las leyes vigentes que ponen en peligro la viabilidad de miles de negocios, desde pequeños negocios hasta empresas de gran envergadura en el sector comercial y turístico, en Jalisco se han registrado 69 mil tiendas de abarrotes y restaurantes, y 26 mil bares, lo que suma un total de 96 mil empresas de la región, de las cuales, muchas de ellas, son pequeñas y de bajo riesgo, se verán forzadas a desaparecer, por lo que proponemos que se lleven a cabo mesas de trabajo con las autoridades federales para encontrar una solución que combine el cuidado de la salud con la venta de productos elaborados con tabaco. El líder de los comerciantes en el estado comentó que esta reforma obliga a los propietarios y administradores de los negocios a ocultar los productos, las actividades turísticas y los derechos de los consumidores, en especial a los restauranteros, ya que les prohíbe vender alimentos y bebidas en áreas específicamente designadas para fumadores.
Uranga Lamadrid comentó que entre los sectores más perjudicados por estas leyes se encuentran el de comercio, turismo y restaurantes, que representan cerca de un 30 por ciento de todas las empresas en el estado y que tienen una gran influencia en la generación de empleos. A pesar de que participamos en las conversaciones y reuniones para idear alternativas al control de la venta de productos de tabaco, lamentamos que no se incluyeran nuestras sugerencias para que se redactara una ley que favoreciera al sector de servicios.
Repitió que los comerciantes de Jalisco siempre apoyan los movimientos que mejoren la calidad de vida, pero también tienen la responsabilidad de proteger los puestos de trabajo, las inversiones y el crecimiento económico.