Fallo judicial confirma adeudo fiscal
La negativa de un amparo a Grupo Elektra, propiedad de Ricardo Salinas Pliego, ha determinado que la empresa deberá saldar una deuda fiscal con el SAT por aproximadamente 24 mil millones de pesos. Este fallo, emitido por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, confirma la sentencia previa que ratifica el adeudo por Impuesto sobre la Renta (ISR).
Composición del tribunal
El tribunal, compuesto por Fernando Silva García, Martha Llamile Ortiz Brena y Salvador Alvarado López, rechazó los argumentos presentados por Grupo Elektra en su intento por evitar el pago, dejando abierta la posibilidad de que la empresa recurra a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) mediante un recurso de revisión.
Incremento de la deuda
La deuda inicial de Elektra, que ascendía a 18 mil 455 millones 467 mil 083 pesos por ISR no pagado del ejercicio 2013. Se ha incrementado debido a recargos y actualizaciones. El SAT fundamenta esta deuda en la conclusión del régimen de consolidación fiscal de la empresa, que no incorporó pérdidas por enajenación de acciones en ejercicios anteriores para reducir su carga fiscal.
Otros fallos recientes
Este fallo se suma a otro amparo perdido por Elektra la semana pasada. Donde también se le ordenó pagar 2 mil 11 millones de pesos por ISR correspondiente al ejercicio 2008. En total, según datos presentados por el SAT, Grupo Salinas acumula una deuda de 63 mil millones de pesos por impuestos no pagados.
La situación legal y fiscal de Grupo Elektra continúa siendo complicada, con varios frentes abiertos y significativas sumas de dinero en juego. Se espera que la empresa explore todas las vías legales posibles para mitigar estos pagos, aunque los recientes fallos no han sido favorables.
Este caso destaca la rigurosidad con la que el SAT está persiguiendo grandes deudas fiscales y el impacto que estas resoluciones tienen en el sector empresarial mexicano. La resolución final de este proceso será observada con atención. Esto tanto por el sector privado como por el público en general, dado el elevado monto de la deuda y las implicaciones para el cumplimiento fiscal en el país.
