Declaraciones de Sheinbaum sobre fallas técnicas
La Presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo defendió recientemente el nuevo procedimiento obligatorio para el registro de líneas móviles en el país. Esta medida busca vincular los números telefónicos con la identidad de personas físicas o morales. La iniciativa comenzó oficialmente el pasado 9 de enero. Su objetivo principal consiste en fortalecer la estrategia nacional contra delitos graves como la extorsión.
El proceso de vinculación y seguridad
La mandataria explicó durante su conferencia de prensa la mecánica exacta del registro. Los ciudadanos deben entregar sus datos directamente a la empresa de telefonía. Sheinbaum aclaró que el gobierno no mantiene una base de datos centralizada con esta información. Las compañías telefónicas son las únicas encargadas de guardar y proteger estos archivos privados.
Las autoridades de seguridad o de Procuración de Justicia intervienen solo bajo condiciones específicas. Ellas solicitan la información a la telefónica únicamente si se comete un delito con ese número. La presidenta enfatizó que solamente la autoridad competente tiene acceso restringido a esos datos. Esto garantiza que el uso de la información se limite estrictamente a investigaciones criminales.
Respuesta ante problemas reportados
Diversos usuarios reportaron problemas técnicos y fallas de seguridad en los portales de las compañías. También señalaron complicaciones logísticas durante los primeros días de la implementación. Ante estas quejas, la jefa del Ejecutivo respondió con firmeza sobre las responsabilidades. Aseguró que cualquier vulneración de datos representa una falla exclusiva de las empresas telefónicas.
La protección de la información recae totalmente en los proveedores del servicio. El gobierno se deslindó de los errores en los sistemas digitales de los privados. La administración federal insiste en que las garantías de seguridad deben provenir de los operadores móviles.
Plazos definitivos para usuarios
El registro de la línea es un requisito ineludible para mantener la conectividad. Los usuarios tienen como fecha límite hasta el 29 de junio de 2026. Quienes no cumplan con este trámite enfrentarán la suspensión definitiva de su servicio. Esta política busca cerrar el paso a la delincuencia mediante el control de líneas anónimas.
