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La Secretaría de la Defensa Nacional de México, Antsua Business Corporation firmó un contrato con ellos en abril de 2019. Este contrato implicaba la venta de la tecnología spyware de la empresa NSO, trabajo que fue solicitado específicamente por la Sedena. El contrato también supuso que se transfirieron 139 millones 199 mil pesos entre mayo y diciembre de 2019.
Una red en defensa de los derechos digitales, R3D, compartió con Proceso Animal Político y Aristegui Noticias documentos de la sedena obtenidos del organismo de fiscalización. Estos documentos fueron enviados a la ASF, la Auditoría Superior de la Federación, en agosto de 2021. Se desglosaron montos encontrados en un operativo irregular entre Comercializadora Antsua y el Instituto Nacional de Migración. Los documentos determinaron que la agencia y la empresa malversaron al menos 324 millones de pesos.
La Sedena declaró que firmaron el contrato Comercializadora Antsua DN-10 SAIT-1075/P/2019 el 12 de abril de 2019. El contrato establecía que la Sedena debía entregar copias del contrato tanto a ASF como a DN-10 SAIT-1075/P/ 2019. Sin embargo, la Sedena aseguró que la seguridad nacional les impidió entregar los documentos. En cambio, la Sedena insistió en realizar pagos por el contrato entre $15 y $30 millones.
Sedena afirmó que no pudo encontrar ningún documento relacionado con la investigación de R3D después de que había pasado un año. Insistieron en que esto demostraba que no existía nada para responder a la solicitud.
La administración actual ha abusado de esta respuesta, como lo hacía regularmente la oficina de López Obrador. Por ejemplo, la Presidencia de la República suele responder a las solicitudes de información con el machote, generalmente a niveles absurdos. Por ejemplo, cuando aseguró que no tenía una lista de los empresarios que iban a Palacio Nacional a comprar “pedacitos” de la rifa del avión presidencial.
La negativa pública de la Sedena a cumplir con las órdenes del presidente Andrés Manuel López Obrador demuestra aún más que no tiene intención de cumplir con su declaración del 5 de octubre de que toda la información sobre el tema se haría pública. Además, las acciones de Sedena indican claramente que no tienen intención de cumplir con su orden.
La actual administración de Enrique Peña Nieto utilizó el spyware Pegasus para monitorear a cientos de periodistas, opositores políticos y activistas. Este software fue empleado por el gobierno de López Obrador durante años.
Como informaron R3D, Proceso, Animal Político y Noticiero San Luis Potosí en octubre de 2017, funcionarios del gobierno entrante de López Obrador utilizaron Pegasus para espiar al menos a dos periodistas. Uno de esos periodistas era el opositor político y de derechos humanos de R3D.
Comercializadora Antsua vendió la tecnología de NSO Group en México a través de un contrato de “servicio de monitoreo de información remota”. Así lo reveló a través de una investigación periodística llamada #EjércitoSpia. La Sedena mantuvo este contrato en secreto del público en varias ocasiones.
Jesús Ramírez Cuevas, vocero de López Obrador, afirmó que la Sedena utilizaba una empresa privada para monitorear sus entradas de información. Además, afirmó que esta acción fue completamente legal ya que fue lo único que dio lugar a la investigación.
El pleno del INAI argumentó que la Sedena no buscó a fondo el contrato solicitado. Manifestaron que existen registros públicos y notas periodísticas sobre los contratos que ya se están ejecutando. Además, el INAI afirmó que la Sedena no realizó una búsqueda lo suficientemente exhaustiva debido a la falta de información relacionada con el contrato solicitado.
El Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas afirmó durante la sesión que el Ejército suele “afirmar que todo lo que toca está sellado y magnetizado por Seguridad Nacional. Esto deja en claro que todo lo relacionado con el Ejército es impermeable a las influencias externas”. También señalaron que esto era imposible, así como imposible de considerar o posible.
Como menciona Acuña, los organismos de seguridad abusan de la “interpretación amplia y moldeadora de la seguridad nacional”, ampliando su alcance para incluir excepciones irregulares. Una excepción de seguridad nacional refuta el uso público de la información como norma general. Allí, Pegasus se convirtió en un arma utilizada para espiar y perseguir a personas inocentes.