La acusación internacional de Salinas Pliego ante la CIDH
El empresario Ricardo Salinas Pliego acudió a Washington D.C. para presentar una denuncia formal. Su equipo legal entregó la documentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). El presidente de Grupo Salinas acusa al Estado mexicano de ejercer una persecución política sistemática. Él señala violaciones graves a la independencia judicial y a sus derechos humanos. Esta acción marca un precedente en su disputa contra el gobierno.
Detalles de la queja internacional
La defensa legal del magnate argumenta la existencia de un acoso sistemático desde el poder ejecutivo. Ellos sostienen que las autoridades utilizan el aparato estatal para intimidarlo. El documento cita un incremento desproporcionado en las auditorías fiscales hacia sus empresas. También mencionan el uso de las conferencias matutinas para dañar su reputación empresarial. Grupo Salinas afirma que el gobierno busca silenciar su libertad de expresión.
El conflicto escala tras la aprobación de la reciente Reforma Judicial en México. El empresario considera que esta reforma eliminó la autonomía de los tribunales nacionales. Por ello, él busca justicia en instancias internacionales imparciales. La denuncia solicita medidas cautelares para proteger su patrimonio y sus garantías individuales. El objetivo es obtener una declaración de responsabilidad internacional contra el Estado.
Contexto del conflicto fiscal y político
Las autoridades mexicanas reclaman el pago de créditos fiscales multimillonarios a las empresas del grupo. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) mantiene litigios activos por montos históricos. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que el cobro es un asunto estrictamente legal. Ella niega cualquier motivación política detrás de las acciones tributarias. Sin embargo, el empresario insiste en el uso faccioso de las instituciones.
La tensión entre el poder político y el económico alcanzó un punto crítico este 2026. Salinas Pliego advierte sobre el riesgo para la inversión privada en el país. La CIDH deberá evaluar la admisibilidad del caso en los próximos meses. Este proceso podría derivar en una sentencia de la Corte Interamericana. Mientras tanto, el litigio continúa polarizando la opinión pública nacional.
