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México intercambia información con EU sobre Inés Gómez Mont

Situación legal de Inés Gómez-Mont

Inés Gómez-Mont
Inés Gómez-Mont

Órdenes contra Inés Gómez-Mont

La exconductora Inés Gómez-Mont acumula tres órdenes de aprehensión vigentes en tribunales federales de México. Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, confirmó estos mandamientos judiciales. Las investigaciones señalan delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y defraudación fiscal equiparada. Los agentes ministeriales ejecutarán su captura inmediata si las autoridades extranjeras concretan su deportación.


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Investigaciones por desvío y lavado

La imputada permanece en un centro de detención migratoria en Florida tras su arresto el 30 de octubre. La conductora mantiene calidad de prófuga desde septiembre de 2021. En esa fecha, un juez federal ordenó su aprehensión por posibles operaciones ilícitas.

La fiscalía especializada detectó depósitos irregulares en sus cuentas bancarias personales. Las indagatorias relacionan este dinero con el desvío de fondos públicos penitenciarios mediante empresas fantasma. El esquema involucró contratos por 2 mil 450 millones de pesos.


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Además, la imputada reportó ingresos inferiores a sus percepciones reales en 2014 y 2016. Con dicha simulación omitió el pago de más de 13 millones de pesos en impuestos.


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Cooperación binacional para la extradición

La fiscalía mexicana tramitó la extradición desde la salida de la imputada del territorio nacional. En septiembre de 2025, el gobierno solicitó la detención provisional formal a las autoridades estadounidenses. Posteriormente, la institución integró el expediente en estrecha coordinación con el Departamento de Justicia.

En semanas recientes, ambas naciones intercambiaron datos oficiales y mandamientos judiciales vigentes. Por su parte, Víctor Manuel Álvarez Puga también enfrenta acusaciones penales en México por presuntos desvíos millonarios. Las autoridades migratorias lo remitieron ante un juez y actualmente goza de libertad.

Godoy garantizó pleno apego al debido proceso legal y respeto absoluto a la presunción de inocencia. Los tribunales federales calificarán las pruebas presentadas y emitirán la resolución jurídica correspondiente.

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