Claves de la aprobación del Plan B en el Senado
El Pleno del Senado de la República aprobó ayer en lo general el dictamen de reforma constitucional conocido como Plan B. Esta iniciativa, impulsada por el Ejecutivo Federal, busca una reconfiguración profunda del sistema político mexicano bajo principios de austeridad republicana. Durante una sesión marcada por intensos debates entre las distintas fuerzas políticas, el bloque oficialista logró consolidar la mayoría necesaria para avanzar con este proyecto legislativo. La votación en lo general representa el primer gran paso para la implementación de nuevas reglas que regirán los procesos democráticos y la administración de los recursos en los organismos electorales del país.
Reducción de costos y límites presupuestales
Uno de los pilares fundamentales de este proyecto es la reducción del gasto público en el ámbito electoral. El texto aprobado establece límites estrictos a las percepciones de los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y magistrados. Ningún funcionario de estas instituciones podrá percibir una remuneración mayor a la de la persona titular de la Presidencia de la República. Además, la reforma contempla la eliminación de privilegios históricos como los seguros de gastos médicos mayores y bonos especiales. Estas medidas pretenden generar ahorros significativos que el Gobierno Federal planea reorientar hacia infraestructura social y servicios públicos en los estados y municipios más necesitados de la nación.
Ajustes en congresos y ayuntamientos
La reforma también impacta directamente en la estructura de los gobiernos locales y los poderes legislativos estatales. El dictamen fija un número máximo de quince regidurías para los ayuntamientos, dependiendo siempre del tamaño de su población. Asimismo, los congresos locales enfrentarán un tope presupuestal que no deberá exceder el 0.70% del presupuesto total de egresos de cada entidad federativa. En el caso del propio Senado, se plantea una reducción gradual de su gasto operativo hasta alcanzar un 15% de ahorro en los próximos ejercicios fiscales. Estas disposiciones buscan homologar criterios de eficiencia y transparencia en todo el territorio nacional, eliminando la discrecionalidad en el manejo de fondos públicos.
Modificaciones en la revocación de mandato
Un punto que generó controversia durante la discusión fue la propuesta de modificar el artículo 35 constitucional. Originalmente, se buscaba empatar la consulta de revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027. No obstante, tras las negociaciones parlamentarias, se determinó mantener este ejercicio para el año 2028, tal como establece la legislación vigente actualmente. El Partido del Trabajo (PT) jugó un rol decisivo al presentar reservas que frenaron el cambio de fecha original. Con la aprobación en lo general y el desahogo de las reservas en lo particular, la minuta se turnó a la Cámara de Diputados para continuar con su proceso legal correspondiente.