El impacto del IEPS en el precio de los cigarros
Un ajuste fiscal significativo ha sido propuesto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dentro del Paquete Económico 2026. Esta reforma contempla un notable incremento en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se aplica a productos como los cigarros y las bebidas azucaradas. El principal objetivo declarado es combatir problemas de salud pública que se encuentran asociados al consumo de tabaco y azúcar, destinando la recaudación adicional a programas de prevención y atención de enfermedades crónicas. Esta medida afectará directamente el bolsillo de los consumidores, modificando el costo final de varios productos de consumo habitual.
Nuevas cuotas impositivas para el tabaco
La propuesta fiscal es particularmente estricta con la industria del tabaco. Se planea que el IEPS aplicable a los cigarros sea elevado del 160% actual a un 200%. Además, esta medida se hace extensiva a productos emergentes que han ganado popularidad, como los dispositivos electrónicos y las bolsas de nicotina para uso oral, los cuales serán gravados con el mismo porcentaje.
Adicionalmente, se ha contemplado un aumento en la cuota fija por unidad. Para 2026, el cobro adicional por cada cigarro pasaría de 0.6445 a 0.8516 pesos. Las proyecciones oficiales indican que esta cifra seguirá en ascenso, hasta alcanzar los 1.1584 pesos por unidad para el año 2030, marcando una clara tendencia al alza en la carga tributaria.
El precio final para el consumidor
Si esta reforma es aprobada sin modificaciones por el poder legislativo, el impacto en el precio de venta será considerable. Se estima que el costo de una cajetilla promedio de 20 cigarros se ubicará en un rango de entre 90 y 100 pesos. Esto representa un aumento sustancial en comparación con el rango de precios actual, que oscila entre los 70 y 80 pesos por paquete. Este encarecimiento busca, en última instancia, que el consumo de estos productos sea inhibido entre la población.
La reforma también incluye nuevas obligaciones administrativas para las empresas tabacaleras, como reportar detalladamente al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los precios y volúmenes de venta, garantizando una mayor fiscalización.